EL EXPRESIDENTE SOCIALISTA RODRÍGUEZ-VIGIL PIDE UN REFERENDUM SOBRE LA "OFICIALIDÁ"

Artículo publicado en La Nueva España

Lo que por un voto (coyuntural) se aprueba, por un voto (coyuntural) se deroga.

El Estatuto de Autonomía asturiano ha durado cuarenta años respetado por tirios y troyanos gracias, básicamente, a que ha sido una norma producto del consenso, del acuerdo entre fuerzas antagónicas que se esforzaron con generosidad buscando los mínimos comunes denominadores que pudieran ser válidos para todos y, entre esos factores de concordia, los más evidentes en nuestro Estatuto de Autonomía estuvieron las disposiciones que establecieron la protección del bable, y la voluntariedad de su utilización.

El alto grado de consenso que hizo posible la Constitución Española de 1978 está en la raíz de su prestigio, de su fuerza normativa y de su pervivencia frente a tantos avatares difíciles o negativos como se han sucedido desde 1978 al presente.


No quiero ni pensar en lo que hubiera pasado si nuestra Constitución se hubiera aprobado por un solo voto de diferencia contra la opinión del 49% de los diputados y senadores, o si el Estatuto de Autonomía del Principado hubiera tenido similar procedimiento de aprobación. Sin duda, hoy estaríamos abocados al más absoluto caos en medio de enfrentamientos cada vez más radicales, que vendrían de lejos, desde el mismo momento de promulgación de esas normas.


Como dijo certeramente el pasado lunes el presidente Pedro Sánchez, las leyes que más duran son las que más apoyo han tenido en las Cortes, porque las que no tienen ese apoyo suplementario, el que las hace válidas para unos y para otros, están condenadas a la derogación nada más que cambie el viento que las ha generado. Valga el ejemplo de la reforma laboral de Rajoy, o la educativa de Wert.


Creo que por un solo voto de diferencia en la Junta General del Principado (voto cuya permanencia en el tiempo es, además, cuando menos dudosa, dada la fugacidad evidente de la fuerza que podría emitir el desempate) no se puede aprobar un asunto de la transcendencia política, social y cultural de la oficialidad del bable, que es algo que per se exige un alto grado de consenso para tener legitimidad y, con ello, duración en el tiempo, dado que implica un cambio transcendental y forzado en la vida de los asturianos. No se olvide que con la oficialidad del bable se trata de imponer obligaciones muy serias y muy gravosas a muchos, muchos, miles de asturianos que no las asumirán de buen grado, y que en modo alguno las desean, ya que estaban plenamente conformes con la actual situación legal de total voluntariedad en relación con el conocimiento y uso del bable, que es lo que se pretende alterar.


La fragilidad de una decisión adoptada solo por un voto de diferencia, no sustentada por tanto en el consenso necesario que para perdurar imponen las decisiones y las normas legales de alto calado, y que, además, todo indica que podría ser aprobada mediante una mayoría inestable –pues es muy dudoso que Foro sobreviva a unas nuevas elecciones–, determinará que quienes se oponen a la oficialidad del bable intenten, con toda lógica y legitimidad, ya en la próxima legislatura, o en las siguientes volver atrás tal decisión, derogando la oficialidad del bable si la actual mínima mayoría cambia, como hipotéticamente es posible que ocurra. Y, entonces, vuelta a empezar, en una rueda siniestra y continua de enfrentamientos que puede amargar la vida a generaciones enteras de asturianos, creando combates dialecticos que en cada vaivén legal pueden ser más agrios, haciendo de la llingua el principal tema de debate político y social asturiano, lo que esterilizaría por completo la vida política, cultural y hasta económica de Asturias durante los suficientes años como para que aquí se pierda cualquier tren posible de progreso.


Se dice “es que vamos a hacer una ley amable de la oficialidad”. Pero eso no lo puede creer nadie con mínimo conocimiento del derecho. Eso no puede ser. Se dice antes de aprobar la ley, pero después las cosas serán muy diferentes, pues entonces nacerá la obligación y, en su caso, inmediatamente, la imposición.


Las leyes no son ni amables ni hoscas; son leyes, y si establecen derechos y obligaciones, los jueces que tendrán que aplicarlas se verán forzados a exigir que se cumplan en todos sus términos, les guste la ley o no. Y así, quien no es partidario de la oficialidad y nada quiere saber del bable, tendrá que saberlo, utilizarlo y hasta estudiarlo para infinidad de situaciones y, desde luego, tanto más si quiere concurrir a algún puesto público en igualdad de condiciones y sin someterse ni ser víctima de discriminación alguna.


Aprovechar una muy coyuntural mayoría parlamentaria para imponer muy fuertes obligaciones a la población, obligaciones que se sabe sobradamente que van a ser objeto de frontal rechazo por muchísimos asturianos, no es un camino prudente, y yo creo que tampoco democrático. Se parece excesivamente al “ahora es la nuestra, aquí te cojo y aquí te mato, e impongo a la fuerza mi criterio” que tanto daño ha hecho a los españoles y que, gracias a la Constitución de 1978, es algo que ha quedado por completo superado, y esperemos que no se reproduzca.


Sobre este asunto de la oficialidad del bable seguramente hay encuestas para todos los gustos. Unas dirán que es abrumadora la mayoría que desea la oficialidad y otras que, al menos el 66% de los asturianos se opone a ella. Lo mejor sería dejarse de encuestas y acudir directamente al voto directo y preciso de los asturianos para saber qué es lo que estos quieren.


En lugar de una aprobación precaria de la oficialidad por un voto en la Junta General del Principado existen mecanismos más idóneos para conocer con claridad y contundencia el criterio de la población asturiana al respecto. Como el tema tiene una trascendencia extraordinaria es obvio que merece una consulta especial, extraordinaria y especifica, un referéndum claro en el que los asturianos se pronuncien con un sí o con un no sobre si desean la oficialidad del bable y todo lo que ello comporta. Y ese referéndum se puede y se debe convocar, y rehuirlo por razones oportunistas sería contrario al más elemental espíritu democrático.